Una pareja que denunció a Kosiuko por esclavitud cuentan con un amparo para aplicar la ley de asistencia a las víctimas de trata. El Gobierno PRO en evidencia.
Acompañados por un abogado de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, Carlos Beizhun, los denunciantes contra Koisuko y ahora contra el Gobierno de la Ciudad no consiguieron hablar con Larreta; sin embrago, desde la oficina de la jefatura de gabinete les prometieron una entrevista con la directora de legales, Leticia Montiel.
Pero tampoco pudieron reunirse con Montiel. Entonces, después de varias contramarchas, en el gobierno recibieron la copia del amparo judicial y lo remitieron a la directora del área legal. En definitva: quedaron en comunicarse desde Gobierno.
Más allá de las presiones a nivel político, la justicia local ya intervino por la violación a la ley para proteger a todas las personas víctimas de trata sea para la explotación laboral como sexual.
El amparo judicial por la ley 2781 fue dictaminado por el juez Guillermo Treacy el miércoles 10. Allí, obliga al Gobierno porteño, en un plazo de 48 horas, a dar alojamiento a los demandantes según lo establece el artículo 2 de la ley 2781, que marca “brindar a las personas y grupos familiares afectados, en consonancia con lo establecido en la Ley 114, alojamiento inmediato y durante el período en que permanezcan en situación de vulnerabilidad”.
La ley sancionada hace casi un año quedo sin ser aplicada, ya que el Ejecutivo no designó autoridad para la norma, como tampoco presupuesto para darle vida.
La legisladora Verónica Gómez es la autora de la ley a favor de las víctimas de trata. Ella explicó a NU “que es inútil hacer un pedido de informes por la ley porque siempre los funcionarios informalmente nos dicen que están trabajando en ello, algo que es mentira. Lo que si sirve, y lo hizo La Alameda, es el amparo. Ahora con la intervención de la justicia tienen que responder y no pueden estar desentendidos”.
Las otras áreas que podían asistir a las víctimas mostraron su déficit social. “Este caso desnuda el manoseo de esta gente (por el macrismo) hacia las víctimas de trata. En la Subsecretaría de Derechos Humanos, la Dirección de Asistencia a la Víctima, no hicieron nada. Carolina Stanley (Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil), la hija del banquero, y José Luis Acevedo (subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario) ni colchones le dieron a esta gente que quedo sin vivienda. Acevedo es tan caradura que por primera vez en la historia le pidió un socio-ambiental a la Organización Internacional para los Migrantes (OIM)”, aseveró Gustavo Vera por La Alameda.
En ese centro comunitario del barrio Parque Avellaneda es que duerme la pareja boliviana luego de tres meses en el hotel de la OIM. Los colchones que recibieron los donaron los cartoneros del MTE. Desde mediados de abril que cuentan con la asistencia de la ong y no del Estado.
Desde la Alameda consideran que los manejos del PRO no son un hecho aislado. “No asisten a las víctimas y desde la Subsecretaría de Trabajo no denuncian marcas que trabajan con indocumentados y reducen las condiciones de seguridad e higiene para los talleres. Esto quiere decir que es una política central y no casual”, finalizó Vera.
En reiteradas oportunidades este medio se comunicó con Procuración General. Pablo Tonelli no quiso atender y sus asesores aún no responden las consultas sobre si van a apelar el amparo del juez Treacy.
Este martes, Concepción y Oscar, a las 9, estaban parados a las sombras de la
Jefatura de Gobierno. Esperaron hasta las 11.30 para ser atendidos por el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta. Ellos que son pareja y padre de cuatro hijos en Bolivia, junto a representantes religiosos y una ong, fueron los que denunciaron por esclavitud a Kosiuko, una de las empresas de ropa más importantes de este país. Pero Concepción y Oscar, ex costureros en un taller textil clandestino cercano al club Español, ahora quieren que se cumpla un amparo judicial que obliga al Gobierno de la Ciudad a aplicar la ley de asistencia integral a las víctimas de trata, como es su caso en el que fueron encerrados, engañados, coartados su voluntad para luego ser echados a la calle tras perder el trabajo-vivienda y que encima después de toda ese drama denunciaron penalmente a sus verdugos.Acompañados por un abogado de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, Carlos Beizhun, los denunciantes contra Koisuko y ahora contra el Gobierno de la Ciudad no consiguieron hablar con Larreta; sin embrago, desde la oficina de la jefatura de gabinete les prometieron una entrevista con la directora de legales, Leticia Montiel.
Pero tampoco pudieron reunirse con Montiel. Entonces, después de varias contramarchas, en el gobierno recibieron la copia del amparo judicial y lo remitieron a la directora del área legal. En definitva: quedaron en comunicarse desde Gobierno.
Más allá de las presiones a nivel político, la justicia local ya intervino por la violación a la ley para proteger a todas las personas víctimas de trata sea para la explotación laboral como sexual.
El amparo judicial por la ley 2781 fue dictaminado por el juez Guillermo Treacy el miércoles 10. Allí, obliga al Gobierno porteño, en un plazo de 48 horas, a dar alojamiento a los demandantes según lo establece el artículo 2 de la ley 2781, que marca “brindar a las personas y grupos familiares afectados, en consonancia con lo establecido en la Ley 114, alojamiento inmediato y durante el período en que permanezcan en situación de vulnerabilidad”.
La ley sancionada hace casi un año quedo sin ser aplicada, ya que el Ejecutivo no designó autoridad para la norma, como tampoco presupuesto para darle vida.
La legisladora Verónica Gómez es la autora de la ley a favor de las víctimas de trata. Ella explicó a NU “que es inútil hacer un pedido de informes por la ley porque siempre los funcionarios informalmente nos dicen que están trabajando en ello, algo que es mentira. Lo que si sirve, y lo hizo La Alameda, es el amparo. Ahora con la intervención de la justicia tienen que responder y no pueden estar desentendidos”.
Las otras áreas que podían asistir a las víctimas mostraron su déficit social. “Este caso desnuda el manoseo de esta gente (por el macrismo) hacia las víctimas de trata. En la Subsecretaría de Derechos Humanos, la Dirección de Asistencia a la Víctima, no hicieron nada. Carolina Stanley (Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil), la hija del banquero, y José Luis Acevedo (subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario) ni colchones le dieron a esta gente que quedo sin vivienda. Acevedo es tan caradura que por primera vez en la historia le pidió un socio-ambiental a la Organización Internacional para los Migrantes (OIM)”, aseveró Gustavo Vera por La Alameda.
En ese centro comunitario del barrio Parque Avellaneda es que duerme la pareja boliviana luego de tres meses en el hotel de la OIM. Los colchones que recibieron los donaron los cartoneros del MTE. Desde mediados de abril que cuentan con la asistencia de la ong y no del Estado.
Desde la Alameda consideran que los manejos del PRO no son un hecho aislado. “No asisten a las víctimas y desde la Subsecretaría de Trabajo no denuncian marcas que trabajan con indocumentados y reducen las condiciones de seguridad e higiene para los talleres. Esto quiere decir que es una política central y no casual”, finalizó Vera.
En reiteradas oportunidades este medio se comunicó con Procuración General. Pablo Tonelli no quiso atender y sus asesores aún no responden las consultas sobre si van a apelar el amparo del juez Treacy.
Fuente: Lucas Schaerer para Noticias Urbanas
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