El cuidado de plazas y árboles de la Ciudad al borde de la crisis

Si bien se está preparando una nueva licitación que se adjudicaría en 2010, las empresas contratistas no cobran desde comienzos de año y amenazan con dejar de prestar servicios. Un grupo de asociaciones vecinales ya prepara una petición al jefe de gobierno por el estado del espacio público. Las críticas de la oposición al pliego, el rol del gremio de municipales y la trama del conflicto.

El mantenimiento de los espacios verdes de la ciudad está pasando por un momento complicado. Es que a los recortes generales que impuso Mauricio Macri a todas las áreas, ahora ya se escuchan amenazas, por lo bajo, de las empresas contratistas de realizar medidas de fuerza o cesantear empleados si el gobierno de la ciudad no se pone al día con los pagos.

A esta situación se le suma que actualmente sigue dilatada la licitación que se había propuesto encarar el Ejecutivo.

Actualmente la ciudad está dividida en seis zonas para dividir los espacios verdes. Una de ellas, es denominada “testigo” y está a cargo del gobierno de la ciudad. El resto, por empresas privadas.

La Dirección de Espacios Verdes se encarga del mantenimiento que implica: corte de pasto, limpieza (solo arriba de la plaza, en la calle el trabajo es de empresas de basura), jardinería, y el cuidado de esculturas.

Su presupuesto asciende a $137 millones; de los cuales $92 millones son para puesta en valor y cuidado (sólo $60 millones para cortar el césped). Luego el arbolado urbano se lleva $28 millones y para grandes Parques (Tres de Febrero, Botánico, Reserva Ecológica y Parque Avellaneda) se prevé gastar $16 millones.

En este marco, el año pasado el ministerio de Espacio Público que conduce Juan Pablo Piccardo llamó a licitación ya que este contrato se vencía. “El retraso en el proceso licitatorio se debe a que el expediente original fue destruido durante el acto de apertura de sobres, por lo que se abrió una causa, en el que había cinco empresas oferentes”, contaron a LPO en la cartera.

El conflicto se centró en que en la nueva licitación que se había preparado se eliminaba la zona testigo en la que tiene una fuerte injerencia el gremio de los municipales. A sabiendas de esta situación se dio el escándalo.

La nueva licitación

Por este motivo, en Espacio Público anticiparon a La Política Online que se estuvo trabajando en una nueva licitación donde se introdujeron algunas modificaciones al pliego del año pasado.

Entre otros, se decidió que haya 15 zonas (una por cada CGPC) que tendrá a cargo “el mantenimiento integral de todo lo que se encuentra dentro de la plaza excepto monumentos y fuentes”, explicaron.

“La licitación está en la última etapa de desarrollo, es decir, que en pocos días irá a la Procuración para su devolución y posterior publicación. Esperamos que sea adjudicada a comienzos de 2010”, adelantaron en Espacio Público.

“Al mismo tiempo se está trabajando en una licitación para el mantenimiento y puesta en valor de fuentes y esculturas que también saldrá en 2010”, agregaron.

En este contexto, consultado por La Politica Online, el ex secretario de Medio Ambiente ibarrista y actual legislador porteño, Eduardo Epszytein, criticó cómo se viene llevando a cabo el proceso licitatorio.

“Toda la nueva licitación que quieren hacer en realidad está son competencias propias de las comunas y van a comprometer el presupuesto de las comunas. No están cumpliendo la Ley de Comunas y están por comprometer contrataciones a futuro”, dijo.

“Si hay una competencia clara de las comunas es el mantenimiento de los espacios verdes. Se están asegurando los negocios a futuro y por eso se apuran”, concluyó Epszteyn.

Las empresas, complicadas

A todo esto, fuentes empresariales confiaron a este medio que salvo en un caso, el gobierno porteño no paga desde enero.

“Esto se da porque estamos en crisis como todas las áreas”, contestaron desde la cartera de Piccardo ante una consulta por esta situación.

A tal punto que las empresas están cobrando casi lo mismo, no hubo grandes reajustes, ya que el gobierno de la ciudad tuvo que minimizar costos para enfrentar los problemas financieros.

Con este panorama por delante, un grupo de empresarios se reunió el viernes pasado.

Allí analizaron si debían avanzar en medidas de fuerza como suspender el servicio o cesantear empleados. “Si nos quieren pagar en bonos además, no cobramos más”, se lo escuchó decir a uno de los gerentes de las contratistas.

Lo cierto es que en el contexto de crisis actual y los problemas financieros del gobierno de la ciudad tendrán que negociar o comenzar medidas fuerza. El tiempo dirá.

Petición vecinal

En este marco, la flamante Unión de Vecinos de Buenos Aires se reunió ayer y prepara una presentación formal cuestionando el “mal estado del espacio público y las plazas”, según anticipó a LPO su titular, la arquitecta Beatriz Loria, quien encabeza a su vez una organización vecinal de Villa Urquiza.

“Estamos armando una presentación con este tema, entre otros, para el gobierno de la ciudad”, contó.

La Unión de Vecinos es un conjunto de asociaciones vecinales de Puerto Madero, San Telmo, Belgrano, Nuñez, Palermo, Caballito, Coghlan, Parque Chacabuco, Floresta, Parque Chas y Barrio Norte, entre otros.

Loria explicó a este medio que “entre las preocupaciones que tenemos, uno de los denominadores comunes, y crucial, es el estado de las plazas y los espacios públicos parecen bienes en extinción porque el abandono que tiene y porque los inversores privados tienen el ojo para hacer negocios”.

“Es un descuido del espacio público como lugar de todos”, concluyó.

Fuente : E.S. para La Politica On Line

Jaime Sorín acusó al IVC de paralizar las obras

El decano de la Facultad de Arquitectura de la UBA, Jaime Sorín, denunció ayer que el gobierno de Mauricio Macri tiene paralizada en forma total la construcción de viviendas populares.

Las viviendas populares fueron gestionadas por al menos 15 cooperativas. Según Sorín, en el organismo dedicado a esas actividades, el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC), “se redujo a cero y sólo se pagan los sueldos de los administrativos. De acá a fin de año para mantener las obras el Gobierno necesitaba hasta ahora entre 80 y 100 millones de pesos y la semana pasada garantizaron un depósito de sólo 20 millones”.

Gustavo Gillo, gerente de Créditos del IVC, negó la paralización y dijo que “se está cumpliendo con todos los compromisos asumidos”. Luego, admitió: “Hubo algunas complicaciones por el tema de la recaudación, hasta junio se cumplió con todas las cooperativas”. Sorín está a cargo de la obra de la Cooperativa de Vivienda del Comedor Los Pibes, en La Boca, donde 33 familias esperaban tener sus casas a fines de 2009 y deberán esperar al menos un año más. Gillo prometió depositar la plata la semana que viene. Sorín le respondió: “Nos vienen diciendo ‘la semana que viene’ desde hace dos meses y además nos deben tres certificados anteriores, la falta de pagos no es algo de ahora”.

Fuente: Pagina12

Ahora Mauri quiere desalojar a una victima de la AMIA

Como barrendero de Manliba, se encontraba a escasos metros de la AMIA cuando se produjo el estallido. Gravemente herido, perdió su trabajo y no lo indemnizaron.

Juan Carlos Alvarez vive con ocho de sus once hijos, su mujer y uno de sus nietos en el departamento “T”, del cuarto piso, en la unidad funcional 18 de un edificio de Ingeniero Huergo al 1100, propiedad del gobierno porteño. Tiene casi 70 años y, durante 14, barrió las calles de la ciudad de Buenos Aires como empleado de la empresa Manliba. El 18 de julio de 1994, cuando la AMIA estalló, estaba trabajando a metros de la mutual judía. Pese a que su cuerpo quedó marcado para siempre con una discapacidad del 72 por ciento, no recibió ni un solo peso del subsidio del Estado como tampoco indemnización de la compañía. Hace un mes, sin embargo, Alvarez denunció que “me mandaron una orden de desalojo. Parece que la familia Macri está en mi contra. Primero el padre –Franco, ex propietario de la recolectora de residuos– me prometió que iba a pagar la educación de mis pibes. Y no cumplió ni con la primera cuota. Ahora, el hijo –Mauricio, actual jefe de Gobierno– quiere dejarme en la calle”, sostuvo Alvarez. Por el momento y gracias a un recurso de amparo presentado por la abogada Mariana Levi, la familia Alvarez aún duerme bajo techo.

Viste todavía como barrendero: zapatos reforzados, pantalón de trabajo, campera azul con el logo de la Confederación General de Trabajadores (CGT) y un pequeño bolso cruzado sobre el pecho. “No me acostumbro a estar desocupado, trabajé desde los 12 años”, admitió Alvarez. No obstante, su andar parece el de un vagabundo y su imagen casi la de un linyera. Desde hace 15 años, el hombre y su familia sobreviven con los 300 pesos de una pensión graciable, gestionada por ex diputado alfonsinista Marcelo Stubrin. Hace más de dos décadas, fue también Stubrin quien realizó los trámites para conseguirle una vivienda en el cuarto piso del departamento de la calle Ingeniero Huergo.

Pero, a principios de julio de 2009, “llegó al domicilio de los Alvarez –también al resto de los supuestos “usurpadores” del edificio de San Telmo– una cédula del gobierno de la ciudad que los intimaba a dejar el departamento. Y, en caso de que no lo hiciesen, los iban a desalojar compulsivamente”, confirmó a este medio la abogada Levi. Hasta la gestión de “(Mauricio) Macri sólo nos mandaron cartas documento para que pagáramos el canon, una especie de alquiler. Ahora directamente nos quieren desalojar”. El relato de Alvarez se vuelve aún “más problemático” si se tiene en cuenta que el canon a pagar por el departamento municipal equivale al “cinco por ciento” del sueldo que percibía el ex barrendero antes de la explosión de la mutual judía, cuando trabajaba en Manliba.

Después del atentado a la AMIA, según Alvarez, “la empresa de (Franco) Macri me dejó sin nada. Solamente, cuando estaba internado en el Hospital de Clínicas (durante un año y medio) me depositó la mitad del sueldo, sin aportes jubilatorios y mucho menos horas extras. Aunque trabajé 14 años para él”. Tampoco, “desde el accidente pude volver a trabajar”, dijo el hombre y, para probarlo, literalmente mostró sus heridas. No sólo se traslada de lugar en lugar con la ayuda de una muleta, sino que aún tiene cicatrices que le recuerdan el estallido en sus brazos, piernas y abdomen. “Por el dolor, muchas veces no puedo dormir, así que me recetaron medicamentos muy fuertes (microzepan y quetiapina) para poder, por lo menos a la noche, pegar un ojo”, detalló Alvarez.

Pese a que el ex barrendero fue uno de los más de 300 heridos-sobrevivientes del atentado, todavía no recibió los 35 mil pesos que el Estado argentino les otorgó a las víctimas en forma de subsidio. Con el argumento de que la explosión de la AMIA fue un delito de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptible, “hace poco menos de un año inicié el trámite para que Alvarez pueda tener, después de tanto tiempo, la plata que le corresponde. El problema fue que al estar tanto tiempo en el hospital y sus hijos ser en ese momento muy chiquitos, nadie hizo el papeleo correspondiente para que cobrara el subsidio”, admitió Levi.

A partir de un recurso retórico constitucionalista, la abogada Levi pudo, además, frenar por un par de meses la amenaza de desalojo compulsivo y administrativo que recaía sobre la vivienda de Alvarez: “El jefe de Gobierno no puede dejar a nadie sin hogar, no es un juez. El artículo 1º de la Constitución Nacional reconoce y brega por la división de poderes”, confirmó la letrada. Entonces, como ningún poder se puede otorgar facultades que le competen a otro, “(Mauricio) Macri todavía no me pudo echar. Espero poder tener la plata necesaria para la mudanza y el nuevo alquiler para toda mi familia, antes que el Gobierno me saque por la fuerza”, concluyó Alvarez con cara de medio triunfo.

Fuente: Pagina12

Mauri: "Firmo muchos decretos de los cuales no sé el detalle"

Así lo afirmó el jefe de Gobierno de la Ciudad respecto del polémico decreto que exigía a los empresarios privados de la Ciudad presentar información personal de sus trabajadores. En medio de esta polémica, Macri se reúne esta tarde con la Presidenta de la Nación.

Finalmente, después de la polémica desatada el fin de semana pasado por el decreto 625 que consistía en la creación del Registro Online de Empleadores, el cual exigía a los empresarios privados de la Ciudad presentar información del ámbito laboral, pero también del personal de sus trabajadores, el Jefe de Gobierno de la Ciudad salió a dar explicaciones.

Mauricio Macri explicó que "en el fervor de la gestión que llevamos a cabo y en la que hacemos muchas cosas todos los días, firmo muchos decretos en los cuales no sé el detalle".

"El anexo ese no lo vi", se justificó respecto al que estipulaba que las compañías debían brindar información sobre adicciones, enfermedades, nivel de educación y composición familiar de los empleados.

Según consignan varias Agencias, además, rescató que una vez que tomaron conocimiento sobre ese punto, "a nosotros nos pareció que no correspondía y lo cambiamos".

Fuente: Joaquin Arroyo para Noticias Urbanas

Otra de sus obras para los vecinos de la ciudad

Macri autorizó un helipuerto que causó polémica

Mauricio Macri autorizó a la empresa Servicios Helicenter, propiedad de su amigo Rattazzi, a operar un helipuerto cercano al mayor espacio verde de la ciudad.

En la Reserva Ecológica de la Costanera Sur está prohibido hacer ruidos molestos, perturbar a los animales o realizar actividades de impacto ambiental negativo. Son disposiciones taxativas que a partir del 8 de julio quedaron en el aire (literalmente en el aire) por la autorización que le dio el gobierno porteño a la empresa Servicios Helicenter SA para operar el helipuerto cercano al más grande de los espacios verdes de la ciudad. Los daños que ya denuncian los sectores ambientalistas, vecinos de Puerto Madero y usuarios del predio de 360 hectáreas son inmensurables. Y están avalados por una resolución de la Defensoría del Pueblo firmada el 8 de enero que recomendó se “caracterice el espacio aéreo de la Reserva Ecológica Costanera Sur como zona restringida para el vuelo de aeronaves”. La Agencia de Protección Ambiental (APRA), a cargo de la ingeniera Graciela Gerola, no tomó en cuenta ninguna de esas opiniones y le extendió un certificado de aptitud ambiental a la iniciativa comercial de Cristiano Rattazzi, un empresario muy cercano al jefe de gobierno Mauricio Macri.

Viajar en helicóptero no es para cualquiera y sobrevolar la reserva ecológica o aterrizar a metros de ella, se trata de un lujo que cotiza en dólares. Lo que no tiene precio y hoy resulta difícil de medir es qué ocurrirá con las doscientas cincuenta especies de aves, veintitrés de reptiles, diez de mamíferos y nueve de anfibios que habitan el humedal, protegido por el decreto nacional 453/93 que prohíbe la utilización de aeronaves a menos de tres mil pies, con la excepción de fines científicos, de manejo, control y vigilancia. Los helicópteros Bell de la compañía que preside Rattazzi, a priori, no tienen destinadas esas actividades. Llevarán a hombres de negocios que estén dispuestos a pagar entre 900 y 3000 dólares la hora con el objetivo de evitar los problemas de tránsito que plantea Buenos Aires. En Internet, hay compañías que ofrecen el trayecto Ezeiza -Puerto Madero en un Bell B206 a razón de 495 dólares por un viaje que dura diez minutos.

Como “una locura más” define la asociación civil Por la Reserva al emprendimiento que está ubicado sobre lo que fuera la ex ciudad deportiva de Boca, adquirida tras varios años de abandono por el grupo IRSA, que proyectó ahí un barrio cerrado con once torres al que llamó Santa María del Plata. En la documentación que presentó ante la APRA, Rattazzi citó que la ciudad de San Pablo, en Brasil, tiene 220 helipuertos al lado de Buenos Aires que no supera la docena. Ese era el ejemplo que más le convenía. Nueva York apenas cuenta con tres y los helicópteros “no vuelan sobre el Central Park”, señalan los ambientalistas de Por la Reserva.

Cuando el empresario –que también compra y vende aeronaves desde Modena Helicópteros SA– pretendió inaugurar su helipuerto Baires Madero en abril de 2007, supuso que le bastaría con un permiso de la Fuerza Aérea y que nada tendría que hacer la ciudad. Promocionó una fiesta con fotografías que tomó desde un helicóptero y un plano de la ruta aérea, sin reparar que las había sacado mientras sobrevolaba la Reserva Ecológica. Pero a los pocos días, el juez Roberto Gallardo le frustró la iniciativa dándole lugar a un amparo presentado por el diputado Pablo Failde. El gobierno porteño, que por entonces conducía Jorge Telerman, también había solicitado un estudio de impacto ambiental.

Pasaron dos años y casi tres meses de aquella medida cautelar y el helipuerto quedó en condiciones legales de operar gracias al certificado de APRA. No importó que la Defensoría del Pueblo porteña señalara que el decreto 740/07 (reglamentario de la Ley 1540 de Control de la Contaminación Acústica de la Ciudad de Buenos Aires) determina que “la Reserva Ecológica Costanera Sur es considerada como área de sensibilidad acústica de Tipo 1, por lo que los límites máximos de emisión de ruido de fuentes fijas al ambiente exterior están establecidos en 60 decibeles para período diurno y 50 para período nocturno”. Desde el gobierno se argumenta que esos niveles no son superados. Aunque la capacidad para recibir a treinta helicópteros que tiene la pista se verá reducida porque el organismo autorizante restringió a cinco la cantidad de vuelos diarios.

Macri y el empresario que controla o tiene participación en diecinueve compañías (Fiat Argentina, Fiat Concord, Iveco, Bormida y Unión Constructores Argentinos, son algunas de ellas) suelen coincidir en reuniones sociales o empresariales con cierta frecuencia, sobre todo en las que organiza la automotriz italiana.

Los dos saben que viajar en helicóptero es un placer sólo reservado para la gente de negocios o para cubrir los traslados de políticos en campaña. Néstor Kirchner, por ejemplo, alquiló un Bell 427 de la compañía Modena para recorrer la provincia de Buenos Aires. Rattazzi supo aprovechar muy bien esta demanda. Ahora, con el helipuerto aprobado, sus aparatos ya tienen un lugar exclusivo para despegar, a pasos de la Reserva Ecológica. En buena medida se lo debe al gobierno de su amigo Macri, que administra la cuarta ciudad más ruidosa del mundo y la primera de Latinoamérica en contaminación sonora.

Fuente: Pagina12

Mauri firmo un decreto que viola la intimidad de cualquier persona que trabaja en la Ciudad de Buenos Aires

Macri lanzó un "Gran Hermano" en las empresas para espiar a los empleados

Hasta el 30 de septiembre las compañías deberán informar al Gobierno porteño datos sobre la vida privada de sus trabajadores. En medio de una fuerte polémica, expertos aseguran que el nuevo régimen viola la Constitución ya que obliga a detallar hasta las adicciones de los dependientes

En lo que constituye una medida más que polémica, el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, puso en marcha un “Gran Hermano” para espiar hasta los mínimos detalles de los empleados de todas las empresas locales.

Expertos consultados por iProfesional.com están en alerta, ya que las compañías radicadas en la Ciudad de Buenos Aires están obligadas informar datos específicos sobre la vida privada de los trabajadores.

El cuestionario que comenzó a circular dentro de las compañías y que deberá ser respondido por cada empleado antes del 30 de septiembre, encendió un fuerte debate, ya que si bien incluye preguntas tradicionales como la cantidad de hijos o el nivel de instrucción, también incorpora otras que los especialistas consideran insólitas e injustificadas.

Para comprender el inédito alcance del "Gran Hermano" que avanza sobre las empresas porteñas, basta saber que el nuevo régimen obliga a las empresas a revelar, por ejemplo, si un trabajador tiene problemas de alcoholismo, utiliza drogas o es adicto a los juegos de azar.

Todos los especialistas consultados por iProfesional.com destacaron la gravedad de la iniciativa que tomó el gobierno de Macri ya que constituye una verdadera violación de la privacidad.

Al respecto, Juan Manuel Minghini, socio de Minghini-Alegría Abogados fue contundente: “La obligación de informar hasta el grado de adicción que podría padecer el personal, viola flagrantemente normas de jerarquía constitucional”.

Por lo tanto, Minghini aseguró que el nuevo decreto del Ejecutivo porteño “ podría ser atacado de inconstitucional, ya que su articulado vulnera derechos y garantías reconocidas por la Carta Magna”.

En igual sentido, Héctor García, socio de García, Perez Boiani & Asociados, disparó: “Si bien se trata del envío de una declaración jurada con clave fiscal y datos resguardados, donde las adicciones que se denuncian no son con nombre y apellido, se debería ser mas cuidadoso al respecto”.

“En especial cuando se trata de información a resguardar en el secreto profesional y que cuenta con aristas extremadamente delicadas y que podrían traducirse en una invasión a la privacidad o una violación al derecho a la intimidad y resguardo de información sensible”, agregó el profesional.

En conclusión, García, sostuvo que en “ el decreto hay excesos que pueden hacer fracasar la iniciativa, ya que se solicita información a un nivel que incluso no se compatibiliza con la dimensión de las empresas con establecimiento en la Ciudad de Buenos Aires”.

Voz oficial
Desde el Gobierno porteño, el subsecretario de Trabajo, Jorge Luis Ginzo, defendió enérgicamente la medida: “Considero que el decreto no vulnera el derecho a la intimidad de los empleados ya que las empresas no tienen que identificar con nombre y apellido a los trabajadores”.

“El nuevo registro online nos ayuda a contar con información estadística vital a fin de orientar las políticas públicas de empleo”, agregó el funcionario.

“Sólo apuntamos a conocer la cantidad de trabajadores que presentan adicciones para así orientar los programas de rehabilitación y tratamiento en el ámbito del trabajo”, explicó el subsecretario.

“De ninguna manera violamos los derechos que se encuentran amparados por la Constitución”, concluyó Ginzo.

Claves de la polémica
A través del decreto 625/2009, el Ejecutivo porteño puso en marcha el “registro porteño de empleadores online”. Como norma general, el nuevo decreto establece que “entre el 1° de enero y el 31 de marzo de cada año, los empleadores con domicilio legal o radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deben brindar los datos de los empleados correspondientes al año calendario anterior”.

Respecto al plazo para informar los datos correspondientes a 2008, la nueva normativa estableció -con carácter de excepción- que las compañías porteñas “deberán suministrar los datos entre el 1° de agosto y el 30 de septiembre próximo”.

Entre la información solicitada que se destaca, puede mencionarse:

· Datos generales de los empleadores: actividades económicas, domicilio fiscal, datos de registración y CUIT.

· Cantidad de empleados y establecimientos que posee la compañía en la Ciudad de Buenos Aires.

· Tipo de contrato de los trabajadores.

· Cantidad de hijos del personal.

· Lugar de residencia de los empleados.

· Nacionalidad de los trabajadores.

· Nivel de instrucción de la plantilla.

· Conocimientos de herramientas informáticas e idiomas.

· Altas y bajas de personal.

· Accidentes de trabajo registrados.

· Capacitación brindada a los empleados.

· Detalle de las remuneraciones canceladas.

· Relevamiento de las adicciones que presentan los trabajadores.

Conocido el exhaustivo nivel de detalle requerido por el Gobierno porteño, Minghini explicó que “se ha generado una nueva carga legal para las empresas extralimitando las obligaciones laborales a su cargo".

“Si bien la norma posee fines estadísticos, lo cierto es que se produce un exceso en los datos solicitados, incluso superponiéndose con información contable y financiera”, agregó el especialista.

“Si lo que se busca es mantener un mayor control laboral a las compañías actuantes dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, se deberá reacondicionar la norma de manera tal que se pueda informar sin vulnerar derechos reconocidos por la Constitución Nacional”, concluyó Minghini.

Debido al gran caudal de datos requeridos, García recomendó que “ se podrían establecer distintas etapas de incorporación progresiva de empleadores al registro”.

“Asimismo, se podría definir un período de transición que permita divulgar esta iniciativa convenientemente y evitar que sea resistida”, añadió el profesional.

“En una primera instancia se debería exigir que se completen los campos informativos que resulten mas trascendentes y progresivamente ir habilitando los restantes”, aseguró García.

Fuente: Hernan Gilardo para iprofesional.com

El Central Park Porteño

Es increíble, durante toda la semana escuche la noticia de que Mauri tiene pensado hacer en recoleta un parque enorme emulando al famoso neoyorquino que nos va a costar 80 millones de pesos , pero teniendo en cuenta lo que digieron sus funcionarios con respecto al sobreprecio del Arroyo Maldonado seguramente nos va a salir mucho mas.

Entonces me dije " si estos tipos no saben hacer nada", en todo el tiempo que llevan de gestión no hicieron una sola estación de subte, inauguraron las pocas que estaban echas y todavía recuerdo el famoso eslogan marketinero de " vamos a construir diez kilómetros de subte por año".

La verdad luego de ver estas fotos agradezco que no hayan hecho ni una sola estación, no me quiero imaginar como estará el Teatro Colon, el Arroyo Maldonado, las escuelas, los hospitales, en fin todos esos lugares donde estos tipos colgaron su famoso cartelito amarillo….

Fuente: Dr. Quai para Sin Aire y Sin Luz

Fotos: Creditos a la web

El Maldonado + Gestion Pro = Estafa para los Vecinos

La Justicia frena el Maldonado, la obra clave del macrismo

Legisladores de la CC habían presentado una denuncia por mayores costos y posible contaminación, anticipada por LPO. Se trata de la obra más importante del gobierno porteño para mitigar las inundaciones. Ahora, el juez de la causa aceptó la medida cautelar, suspendió las obras y aceptó que hubo un incremento de $40 millones. En el Ejecutivo aseguraron a este medio que los trabajos ya están prácticamente terminados y que las modificaciones están técnicamente correctas. Sin embargo hubo groseros errores administrativos, como la falta de dictamen de la Procuración. Las presiones a la Justicia y el oscuro funcionario que aprobó las alteraciones en la obra, el mismo que firmó los planos de la instalación electromecánica de Cromañon.

Un fallo del juez en lo Contencioso Administrativo, Juan Vicente Cataldo, aceptó una medida cautelar presentada por los legisladores de la Coalición Cívica Sergio Abrevaya y Facundo Di Filippo, junto al ex diputado porteño Milcíades Peña, en la que solicitaban suspender la obra del Arroyo Maldonado, la más importante que tiene en ejecución el gobierno porteño para mitigar las inundaciones.

Acorde a la denuncia, anticipada por La Política Online, la obra fue licitada en 495 mil millones de pesos pero se incrementó a unos 536 mil millones de pesos.

Además, la CC denunció que podría contaminar el Acuífero Puelche, que abarca la Ciudad y las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, y no haber cumplido con la ley de 2005 que autorizó las obras del Maldonado.

En concreto, la Justicia frena los trabajos en Costa Salguera, donde se está terminando el pozo por donde va a ingresar la tuneladora (que llegó la semana pasada), y obliga al Ejecutivo a revisar todo lo realizado, en especial lo relacionado con los actos administrativos.

El pozo es vital para la obra: es el inicio y el final, y allí es donde se junta el agua que actualmente inunda, especialmente, la Avenida Juan B. Justo y las zonas aledañas.

En el fallo dictado ayer, al que tuvo acceso este medio, Cataldo acredita que “un proyecto de abril pasado por la Dirección de Obra del Gobierno, relativo a la modificación del proyecto del pozo N°1 de Punta Carrasco, el cambio importa “un aumento de precio total del contrato de $ 20.296.818,41 y U$S 5.382.149,92 lo que determina un nuevo monto Contractual de $ 299.650.539,14 + U$S 62.256.375,51”, consta en la página 9 inciso Ñ..

Esto implica, según el juez, “que el incremento asciende al 8,11%”, es decir, cerca de $40 millones.

Así, en la página 12 del fallo, Cataldo concluye: “Hacer lugar a la actuación cautelar solicitada… y ordena al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que suspenda la construcción del llamado pozo único, o pozo 1, o pozo de descarga, de la obra “Túneles Aliviadores del Emisario Principal del Arroyo Maldonado y Obras Complementarias” adjudicada por Decreto N° 121/2008.

Las obras

En lo que refiere a las obras, como se dijo, el juez suspende los trabajos en el pozo de único de 35 metros, donde pasará la tuneladora, que se arma en el obrador y que empezará a funcionar en un mes.

Fuentes del ministerio de Desarrollo Urbano, que lleva adelante el proyecto, explicaron que en realidad “la obra está prácticamente terminada”.

Por su lado, en la CC responden que al pozo “le falta una malla alrededor, el cajón de cemento para apoyar la tuneladora, un agujero por uno de los costados y el tapón en el fondo”, entre otras cosas.

La Justicia y la apelación

Si bien el fallo fue dictado ayer, ahora Cataldo se tomó el sábado más de un mes de vacaciones y quien quedó a cargo de la causa es Elena Liberatori, quien mantiene una tensa relación con el PRO luego de una serie de medidas contra los desalojos.

Ahora el gobierno porteño tiene 72 horas para apelar. Según fuentes de la Procuración consultadas por este medio, apelarán aunque “se está estudiando” la forma. “Hay que ver cómo quedan los efectos de la resolución porque la obra ya se hizo”, apuntaron.

Así, la jueza pediría un descargo a los legisladores de la CC y podría aceptar la apelación con lo cual la causa recaería en la Cámara.

Justamente allí reside el temor en las huestes de “Lilita”: es que si llegara a la Cámara N.2 que integra el magistrado Esteban Centanaro, creen en la CC, la causa podría caerse.

Centanaro es padre de Ivana, la legisladora porteña que ingresó de la mano de Vilma Ibarra y se hizo kirchnerista; pero luego sobre el cierre de listas, quedó 13 en la lista del PRO, gracias a los buenos oficios del padre, quien aspira a llegar al Tribunal Superior de Justicia (a fin de año se jubila Julio Maier).

“Seria altamente sospechoso e inmediatamente tendríamos que recusarlo”, admite a LPO Milcíades Peña, uno de los denunciantes.

Errores administrativos

Un punto central de la resolución de Cataldo tiene que ver con la falta de resoluciones y actos administrativos que corroboren las modificaciones a la obra.

En la página 10 del escrito, inciso X.3, se explica: “Algunas consideraciones parten más de la ausencia de documentos que de su existencia, Así, no se ha podido ubicar ningún acto administrativo que autorice esa modificación”. Y agrega: “… aún cuando se hubiese habido el acto que contuviese esa decisión, sería más que discutible su validez, en especial en cuanto hace a la competencia del jefe de la obra para adoptarla, teniendo en cuenta que implica la alteración de una prescripción de una Ley formal (1660, la que autoriza la obra) y de un pliego aprobado por decreto del Poder Ejecutivo”.

La falta de actos administrativos llegó a que inclusive la Procuración de la ciudad no haya emitido dictamen autorizando los cambios en la obra, según denuncian en la CC.

Des de el macrismo aceptan que hubo “errores” administrativos que tenían como fundamento, en primer lugar, intentar apurar los trabajos.

“Muchos técnicos del PRO no entienden nada de administración pública y por eso no se hicieron actos administrativos que autoricen los cambios”, acepta a LPO una alta fuente de Desarrollo Urbano.

Trama política

Para Mauricio Macri, el Maldonado es una obra clave. A tal punto que en su discurso en el búnker del PRO, justamente en Costa Salguero, adelantó que ya llegaba la tuneladora y que iba a ser una pieza clave de la gestión.

La idea del macrismo era cerrar la campaña con la tuneladora y, aunque no se pudo, el miércoles pasado, es decir dos días después de las elecciones, llegó.

A pesar de ello, Cataldo se reunió con operadores del Ejecutivo para dialogar sobre la causa. Si bien en un comienzo en el PRO creían que no tomaría ninguna decisión desfavorable, finalmente cuando el juez les anticipó que suspendería las obras, acordaron que el fallo en contra salga después del 28 de junio.

El oscuro funcionario vinculado a Cromañon

En este marco, el director de la obra del Maldonado, Eduardo Kohen es un oscuro funcionario vinculado a la tragedia de Cromañon.

Según revelaron en la CC a LPO, el funcionario, quien justifica todas las alteraciones en los trabajos, es un ingeniero electricista que también tuvo un destacado rol en la causa Cromañon.

“Cohen también firmó los planos truchos de la instalación electromecánica de Cromañón, y a quien cité en su momento a la comisión investigadora sin lograr que asistiera, como luego sucediera en la etapa del juicio”, detalló a este medio Peña.

Fuente: Ezaquiel Spillman para La Politica On Line